Vías de acceso al empleo (y II): implicaciones.

En el post anterior de esta serie, elaborado a partir de los datos de nota de prensa del INE que se titulaba Módulo sobre la situación laboral de los inmigrantes. 2014, se podía concluir que las vías de acceso al empleo más utilizadas por los trabajadores de cara a encontrar trabajo eran la gestión de la red de contactos y la autocandidatura, estos métodos autónomos, como los vamos a denominar en este post, cubrían sumados casi un 70% de los casos. Otros métodos como la persecución de ofertas, la intermediación laboral pública o privada, etc. no resultaban tan eficaces. Esto, que puede resultar contraintuitivo a las personas ajenas a la orientación laboral, tiene lógica si lo conectamos con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

Los orientadores laborales sabemos que la inmensa mayoría de las oportunidades de trabajo no abandonan nunca la condición de empleo oculto, nunca llegan a salir a la luz para materializarse en una oferta de empleo y el acceso a ellas, lógicamente, sólo puede conseguirse a través de los métodos autónomos. Además es importante señalar que esto es más así cuanto más desequilibrado está el mercado laboral, cuando más sobreabundancia hay de demandantes de empleo, ya que en este caso el empleador tendrá más candidatos a su disposición que habrán ofrecido su candidatura de manera espontánea o serán fácilmente localizables a partir de los propios contactos, no necesitando de otros procedimientos de búsqueda más complejos o que, sencillamente, supongan un coste económico.

Frente a esta realidad, ¿cuál debe de ser la actitud que han de tomar los servicios de empleo?, ¿se debería potenciar la intermediación para intentar revertir esta situación, intentando atraer más ofertas impulsando, por ejemplo, las tareas de prospección? O por el contrario, dado que el mercado es como es, ¿se debería apostar decididamente por servicios que incidieran sobre los procedimientos que son utilizados mayoritariamente por las personas para encontrar empleo, es decir, los métodos autónomos? Desde mi punta de vista ni lo uno ni lo otro, o mejor dicho, las dos cosas a la vez pero con matices. Expongo a continuación mi punto de vista.

Los servicios de empleo se deberían adaptar y deberían dar respuesta, prioritariamente, al funcionamiento de los canales que conectan oferta-demanda en el mercado de trabajo real. Es decir, desde el punto de vista del usuario deben facilitar y fomentar las actividades autónomas de los que buscan trabajo con el objetivo de que estas sean lo más eficientes posible. Esto es así por varios motivos: 1- Los medios con los que se cuenta siempre son, por definición, escasos y limitados, y parece obvio que intentar cambiar el funcionamiento del reclutamiento en el mercado laboral supondría una inversión elevadísima en recursos económicos y humanos para obtener un resultado finalmente muy incierto. 2- Pero es que en segundo lugar y principalmente, no atender al funcionamiento normal del mercado de trabajo supone desviar la atención del demandante de empleo de los canales por los que circulan realmente las oportunidades de empleo. Si los servicios de empleo actúan, de hecho, como si el grueso de las oportunidades acabaran recabando en los mismos, están contribuyendo a desviar la atención del usuario del flujo principal de las mismas, de ese 70% que nunca abandonan la condición de empleo oculto. Es decir, se está fomentando una postura pasiva en relación con la búsqueda que limitaría finalmente su eficacia. Se está desempoderando al usuario y el camino ha de ser justo el contrario.

En definitiva los servicios de empleo deben ofrecer prioritariamente un servicio que oriente a los usuarios hacia y en el verdadero flujo de las oportunidades de empleo, que les empodere en igualdad en el mercado de trabajo, y este servicio se ha de ofrecer a todos los usuarios y se debería dar a todos aquellos que, finalmente, lo requirieran en condiciones de calidad suficiente. La orientación laboral, puesto que no es otra cosa de la que estamos hablando, debería ser el servicio central y prioritario de los servicios de empleo, al menos mientras el grueso de las oportunidades de empleo no empiecen a traducirse, de manera natural, en ofertas de empleo.

Esto que señalo arriba no sería, sin embargo, incompatible con las labores de intermediación en un servicio de empleo. Dentro de la población general de los demandantes de empleo vamos a encontrar un porcentaje de personas que, por diversas circunstancias, tendrían una mayor dificultad para aprovechar unos servicios de empleo como los descritos arriba. Desempleados cuyo nivel de ocupabilidad -por sus escasas competencias personales, profesionales, académicas, etc. derivadas de un menor número de oportunidades vitales-  va a dificultar en gran manera el aprovechamiento de un servicio basado en una orientación laboral estándar. Este tipo de usuario es el que podría beneficiarse en gran medida de unos servicios de intermediación potentes, unos servicios de intermediación que prospecten al mercado de trabajo en busca de oportunidades que transformar en ofertas, ofertas que podrían beneficiar a usuarios de baja ocupabilidad directamente o tras pasar por una intervención orientada a incrementar su ocupabilidad, una intervención seguramente más intensiva y más a largo plazo que la que recibiría el grueso de los usuarios de un servicio de empleo.

No podemos olvidar, por otro lado, que la intermediación laboral ha de satisfacer también a su otro cliente, al contratador, a la empresa. Si queremos que la intermediación funcione los servicios de empleo han de ofertar un servicio eficiente también para el contratador, es decir, ha de proporcionar trabajadores que se adapten a los requerimientos de la empresa. Los servicios de empleo han de facilitar trabajadores óptimos para el puesto, suministrando al contratador servicios de selección de personal si este los requiere.

De este modo la intermediación laboral podría incrementar la ocupabilidad de demandantes de empleo que partan de salida de un nivel escaso de ocupabilidad, igualándolos a otros en oportunidades. No cabe duda de que estas personas requerirían un mayor apoyo con otro tipo de acciones como la de seguimiento y apoyo tras la contratación con vistas al mantenimiento de su puesto de trabajo, prioridad en la recepción de otros servicios como formación, subvenciones a la contratación, convenios con empresas, etc.

Llegados a este punto me gustaría subrayar que es muy importante que ese otro cliente al que nos estamos refiriendo reciba un buen servicio, que quede satisfecho con el trabajo realizado, que se finalmente se cubran sus expectativas. Cuando la intermediación laboral no proporciona un candidato óptimo o, peor aun, proporciona candidatos claramente inadecuados, el resultado final va a ser un contratador insatisfecho que no volverá a requerir el servicio y que probablemente lo describa como de escasa calidad a otro posible contratador. Si esto se repite, el servicio quedará desacreditado, siendo menos requerido e igualando a todos los usuarios del mismo en oportunidades de empleo, en efecto, pero a la baja.

No obstante, insisto en la idea de que, dada la configuración actual del mercado de trabajo, la orientación laboral es el servicio que debería ser ofrecido por defecto a todos los usuarios de los servicios de empleo. Ello exige, y en esto soy muy rotundo, que el servicio de orientación laboral se de en condiciones de calidad, por profesionales con la cualificación necesaria, actualizados y sin sobrecarga de trabajo, con capacidad para aplicar programas de orientación estables y que permitan la atención individual que necesite el usuario a lo largo de su propio itinerario. La utilidad de un servicio sólo se puede valorar, de manera real, cuando se presta con las condiciones mínimas necesarias para que sea efectivo, en otro caso es un brindis al sol, es hacer como que se hace con el objetivo único y demasiado frecuente de obtener unas estadísticas que ocupen unas líneas en algún medio de comunicación.

Por lo tanto, es indispensable dar a la orientación laboral el protagonismo que debe tener, en primer lugar porque, ser orientado en un mercado laboral de gran complejidad como el actual, ha de ser un derecho del que busca empleo y, en segundo término pero no menos importante, por que, como señala la Catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica, la orientación laboral, ofrecida en condiciones de calidad, es el servicio más efectivo en cuanto a políticas activas de empleo que podemos ofrecer a los desempleados.

Para finalizar me gustaría hacer una acotación más. Es necesario recordar que existen cosas a las que no se puede obligar. Cosas que sólo pueden ser el producto de la propia voluntad. Sí se puede, por ejemplo, obligar a una persona a sentarse junto con otras en una sala mientras recibe un discurso sobre técnicas de búsqueda de empleo, aunque ni siquiera podremos obligarla a que preste atención mientras permanece allí. Podremos obligarla a que esparza algunos CV’s por las empresas de su zona y luego nos traiga unas copias selladas, pero no pretendamos que eso pueda ser una autocandidatura ya que esta, por definición, ha de hacerse por iniciativa propia. Podremos obligarla a que “se apunte” a una agencia de colocación, pero no a que vuelva por allí después, etc. En definitiva, no se puede obligar a ser orientado. 

Una persona puede ser orientada si busca orientación, si quiere orientación, si ha llegado a la conclusión de que merece la pena recibir la ayuda de un experto para buscar empleo, pero nadie puede ser orientado sobre la base de la coerción. No se puede recibir ayuda si no se quiere ser ayudado y orientar es una relación de ayuda. Buscar empleo, o aventurarse en la mejora de la propia ocupabilidad, no es algo que se pueda obligar a hacer a las personas. La orientación laboral podrá ser prescrita y obligada normativamente, pero sólo puede ser real si es reclamada, si es la propia persona la que, tras hacer una valoración del coste y el beneficio que le supondrá embarcarse en ella, decide solicitarla. Claro que, para que esto sea así los servicios de empleo han de ofrecer algo que, de verdad, convenza a la gente de que merece la pena solicitarlo, pero para ello nuestros gobernantes han de asumir que recibir una orientación de calidad ha de ser un derecho, no una obligación impuesta, una obligación que se impone además en un contexto ideológico que considera al desempleado un ser indolente y responsable último de su envidiable condición de vivir con 426 euros.


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